El Gobierno colocó hoy las “deudas pendientes” con los pobres, la salud y la educación en el eje de la disputa con el campo, que desde hace tres meses protesta contra las retenciones móviles. Lo hizo frente a un auditorio conformado por el sector industrial.

En una defensa del esquema de retenciones móviles que los productores agropecuarios tachan de “confiscatorio”, la presidente sostuvo que “el Estado no quiere cerrar las cuentas fiscales”, sino “cerrar la cuenta social de todos los argentinos”, que en un 23,4 por ciento vive bajo la línea de la pobreza, según datos del INDEC.

Durante el discurso criticó la “reacción de los que se niegan a contribuir con la redistribución del ingreso” y subrayó que cada año se destinan “12.000 millones de dólares a sostener un tipo de cambio competitivo”.

Las cuatro organizaciones agropecuarias en conflicto con el Gobierno celebraron la inversión en obras sociales, pero cuestionaron el origen de los fondos derivados exclusivamente del sector rural. “Hay otros sectores que tienen tanta renta como nosotros”, dijo el titular de las Confederaciones Rurales. Llambias afirmó que “la pobreza está aumentando” y que es “deber de todos” erradicarla, “pero esto no quiere decir que las retenciones sean válidas por este motivo”.

Los impuestos subieron de una tasa del 35 por ciento al 42 por ciento, pero podría alcanzar el 52,7 por ciento si suben los precios de los granos.

El “ombudsman” envió hoy una nueva requisitoria a la jefatura de Gabinete y al Ministerio de Economía para que sus titulares se presenten mañana y anunció que solicitará una audiencia con la presidente. En tanto solicitó a las agrupaciones rurales que se abstengan de realizar acciones directas de protesta para facilitar su gestión.